El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Palma ha condenado al Santander a pagar una indemnización de 6.000 euros a una mujer por cancelarle de forma ilícita su cuenta bancaria en diciembre de 2005, y en la que percibía su nómina y su pensión de la Seguridad Social, además de tener domiciliados en ella diversos pagos.
